Un colectivo de mujeres activistas de Hidalgo aseguró haber documentado 250 casos de presunta violencia vicaria desde 2022 y pidió a las autoridades atender los señalamientos relacionados con la aplicación de la legislación que protege a las mujeres contra este tipo de violencia.
Integrantes de Mercadita Las Insurgentas se manifestaron afuera de los juzgados familiares para exigir ser escuchadas por autoridades del Poder Judicial del Estado. Durante la protesta, algunas participantes también denunciaron presuntos actos de maltrato institucional.
Activistas cuestionan aplicación de la ley en Hidalgo
Las integrantes del colectivo señalaron que comenzaron a documentar casos de violencia vicaria en Hidalgo en 2022 y que, a partir de esa experiencia, participaron junto con legisladores locales en propuestas de modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.
El reclamo actual, señalaron, está relacionado con lo que consideran fallas en la aplicación de las disposiciones legales y en la atención de casos que involucran procesos familiares, particularmente aquellos relacionados con la guarda y custodia de niñas y niños.
La legislación estatal contempla la violencia contra las mujeres dentro de un marco que ha sido actualizado en los últimos años. El Congreso de Hidalgo mantiene publicada la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su acervo legislativo.
Señalan caso relacionado con una disputa por la custodia
Katia Isela Vázquez Peralta afirmó que la manifestación se originó, entre otros motivos, por el caso de una mujer identificada como Estefany “N”.
Según el señalamiento realizado durante la protesta, la jueza Beatriz Nieto habría otorgado la custodia de los hijos de Estefany “N” a su expareja, quien presuntamente tendría antecedentes penales.
Vázquez Peralta sostuvo que la resolución se habría emitido en un periodo de 15 días, pese a que el proceso llevaba alrededor de ocho años.
Estas afirmaciones corresponden a los testimonios ofrecidos por las manifestantes y no implican, por sí mismas, que las acusaciones hayan sido acreditadas judicialmente.
La activista agregó que han presentado quejas contra la juzgadora ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo y afirmó que existen otros señalamientos contra la jueza.
También denuncian casos de sustracción de hijos
Otra de las mujeres que participó en la manifestación afirmó que fue una de las primeras personas en denunciar cuando se legisló sobre violencia vicaria y sostuvo que, pese a ello, su presunto agresor habría resultado beneficiado.
Las activistas también mencionaron un caso documentado en Tulancingo, en el que, según su denuncia, algunas mujeres habrían sufrido la sustracción de sus hijos mientras se encontraba en curso un proceso de guarda y custodia.
De acuerdo con el colectivo, los municipios donde han identificado más casos son Pachuca, Ixmiquilpan, Tizayuca, Actopan y Tulancingo.
¿Qué es la violencia vicaria?
La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que una persona busca causar daño a una mujer utilizando como medio a sus hijas, hijos u otras personas significativas para ella.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación explica que esta forma de violencia puede utilizar a hijas e hijos para causar daño o sufrimiento a la madre.
Entre las conductas que pueden estar relacionadas con este tipo de violencia se encuentran amenazas contra los hijos, ocultamiento, retención o sustracción, interferencias en la convivencia y acciones encaminadas a afectar el vínculo entre la madre y sus hijos. La legislación y los criterios jurídicos aplicables pueden variar según la entidad y el caso concreto.
En Hidalgo, el debate sobre la aplicación de la legislación ocurre mientras el Congreso estatal mantiene iniciativas y reformas relacionadas con la protección de las mujeres frente a distintas formas de violencia.
Las integrantes de Mercadita Las Insurgentas pidieron a las autoridades revisar los casos que han documentado y atender los señalamientos relacionados con posibles fallas institucionales en los procesos familiares.
